Módulo 12: Desafíos y caminos a seguir en materia de políticas. Uso, reutilización y residuos electrónicos

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Uso y ciclo de vida extendido

Como se señaló en el Módulo 8, el ciclo de vida útil de un dispositivo digital se puede dividir en dos fases: una de uso inicial del aparato y otra que consiste en sus sucesivas reutilizaciones.

Fase de uso inicial

Objetivos y metas

Los objetivos de una economía circular son el uso de los dispositivos por el mayor tiempo posible en la práctica, la posibilidad de reparar fácilmente un aparato con el fin de extender su primer uso, y la posibilidad para el/la usuario/a de descartar el dispositivo de una manera responsable al final de la fase de uso inicial.

Responsabilidades

La responsabilidad de usar mejor y por más tiempo un dispositivo y descartarlo luego correctamente es de los/as usuarios/as. Los gobiernos pueden apoyar un mejor uso implementando regulaciones e incentivos, aplicando reformas impositivas y también capacitando a los operadores downstream en el circuito de la reutilización. Las empresas pueden fomentar un mejor uso de los dispositivos realizando la transición hacia prácticas de contabilidad circular, rastreando dispositivos en un inventario y realizándoles un correcto mantenimiento.

Procedimientos

Hay varias cuestiones que tener en cuenta en la fase de uso inicial. Una de ellas es que el uso por un único propietario es costoso desde el punto de vista social y ambiental. 

La práctica de compartir equipos ofrece el potencial de una mayor tasa de usuarios/as, como se vio en Finlandia. Entre tanto, los proveedores informáticos de servitización sin fines de lucro permiten que la responsabilidad ambiental pase de los/as usuarios/as finales al proveedor de servicios (como propietario/a), generando así una demanda de dispositivos más duraderos y modulares para facilitar su reparabilidad y actualización.

Sin embargo, la Norma Internacional de Información Financiera 16, que entró en vigor el 1 de enero de 2019, inhibe el arrendamiento (leasing). Esta norma determina que, además de los/as arrendadores/as, los/as arrendatarios/as tienen ahora la obligación de informar sobre productos arrendados cuyo valor supere los USD 5.000, lo cual tendrá un impacto negativo en los coeficientes de deuda, apalancamiento y solvencia. Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) se exigen en más de 140 jurisdicciones y se aplican en muchos lugares del mundo, lo que constituye un obstáculo para la circularidad.

Desde una perspectiva financiera tradicional, los modelos de flujo circular de ingresos (CRM, por sus siglas en inglés) acarrean riesgos que es necesario mitigar. Según un estudio sobre las medidas políticas necesarias para promover los CRM:

La naturaleza financiera modificada de los CRM los vuelve más riesgosos desde el punto de vista de las evaluaciones tradicionales de riesgo financiero. Los CRM se caracterizan por corrientes periódicas recurrentes de ingresos y, por ende, períodos más prolongados de amortización. También representan una transferencia de valor de los bienes a los contratos. […] Es difícil para los inversores atribuir valores a las oportunidades relativas a los modelos empresariales circulares, como un ciclo de vida más prolongado de los productos y valores residuales más altos. En cambio, predominan los riesgos que implica operar con CRM, como la extensión del balance y la incertidumbre de las corrientes de ingresos en el caso de los modelos B2C (de la empresa al consumidor).

Los presupuestos gubernamentales también hacen que sea más difícil implementar los modelos circulares. Según el mismo estudio, la estructura de los presupuestos gubernamentales dificulta operar con CRM (inversión frente a presupuestos operativos). Esto hace que los gobiernos acaben optando por realizar compras en lugar de participar en más modelos de CRM, cuando deberían dar el ejemplo y ser los protagonistas de la transición hacia una economía circular.

La depreciación de los dispositivos digitales en términos contables constituye un límite para la economía circular. Para corregir esta situación, sería necesario realizar  revisiones fiscales:

Se estimula a las empresas a depreciar sus productos rápidamente y hasta llegar a 0 euro, ya que esto incrementa los beneficios tributarios que pueden obtener. Esta rápida depreciación disminuye el valor de mercado percibido de los productos usados, lo que constituye un obstáculo para el desarrollo de una economía circular, ya que, para esta economía, el valor de los productos usados es una condición necesaria. Más aún, las normas de depreciación limitan también el período máximo de arrendamiento, leasing o pago por uso.

Respecto de la correcta eliminación, las organizaciones públicas y privadas deberían publicar informes de impacto ambiental auditado. Sin auditorías, toda afirmación es simple marketing. En Europa, la directiva de la Comisión Europea sobre la divulgación de información no financiera exige que las grandes entidades de interés público con más de 500 empleados/as (compañías, bancos y empresas aseguradoras que figuran en una lista) den a conocer públicamente determinada información no financiera. Existen lineamientos sobre cómo presentar información relativa al clima para promover actividades más sostenibles. Esos informes deberían traducirse en sanciones o beneficios tributarios.

Reutilización

Objetivos y metas

El sector de reutilización es clave para extender el ciclo de vida de los dispositivos digitales trabajando en pos de la inclusión social y promoviendo el acceso a los aparatos para un sector más amplio de la población. Tal como se establece en el Módulo 8, una vez que un dispositivo llega al fin de la fase de uso inicial, se puede reacondicionar para extender su utilidad con diferentes propósitos. También es posible rescatar las partes funcionales de aparatos que ya no son utilizables para reutilizarlas en otros dispositivos, y reciclar partes para recuperar materiales secundarios. 

Responsabilidades

Los emprendimientos sociales pueden desarrollar operaciones sostenibles con el fin de implementar modelos de consumo circular que generen empleos de buena calidad para la inclusión social. Los gobiernos pueden crear incentivos para el sector de la reutilización, en tanto las empresas comerciales pueden apoyar los proyectos de reutilización a través de la responsabilidad corporativa social y otros programas.

Procedimientos

Hay varias cuestiones políticas a tener en cuenta con respecto a la reutilización. Por ejemplo, las estructuras tributarias actuales tienen un impacto en la reparación y la reventa, y pueden ser procedimientos y políticas heredadas de los modelos lineales. En particular, hay que repensar las estructuras tributarias que tienen impacto en el trabajo y los recursos. En la Unión Europea, el 51% de la recaudación fiscal procede de los impuestos sobre el trabajo, mientras que apenas el 6% proviene de impuestos sobre los recursos. Como explica el mencionado estudio sobre medidas políticas para promover los CRM:

Transferir impuestos del trabajo a los recursos servirá para estimular la adopción de modelos de negocios circulares, dado que el mantenimiento, la reparación y la renovación requieren un uso intensivo de mano de obra y recursos. […] En lugar de gravar el trabajo, se puede crear un impuesto al carbono que grave los recursos naturales y la contaminación.

Además, se debería considerar la adopción de incentivos fiscales o tributarios para las actividades que hayan demostrado tener un impacto sobre el bien común (socioambiental), tales como la donación de aparatos (similares a las deducciones tributarias que reciben las organizaciones de caridad) y las actividades que ayudan a extender la vida útil de los dispositivos (como los incentivos para la reparación y reutilización por parte de individuos y organizaciones). Estos incentivos deberían premiar la adición de valor en lugar del descarte de los aparatos, o aquellos modelos de  “usar y compartir” los aparatos que beneficien a la sociedad y al ambiente, y no a la propiedad.

La campaña europea por el Derecho a Reparar, repair.eu, propone cero impuesto –incluido el impuesto al valor agregado (IVA)– para la reparación y el reacondicionamiento, ya que los beneficios sociales y ambientales exceden el monto de los tributos que se pagan.

Otro punto a tener en cuenta es que se necesitan numerosos emprendimientos sociales que trabajen en la recolección, el reacondicionamiento, el mantenimiento y el reciclaje de aparatos. Una sola persona (sobre todo si es voluntaria) o una sola organización (como puede ser un emprendimiento social) no puede responder a toda la gama de necesidades de reacondicionamiento de aparatos. Es necesario que varias organizaciones diversas se ocupen del suministro, especialmente de la gestión del volumen industrial de aparatos procedentes de donantes que actúan como organizaciones paraguas para un grupo de emprendimientos sociales. La región de Flandes, en Bélgica, que ya tenía actividades de economía circular en 1993, posee más de 120 centros de reutilización que gestionan 31 emprendimientos sociales. Tales emprendimientos cuentan con un fuerte apoyo de los gobiernos regionales y las autoridades locales.

Además, para lograr la sostenibilidad de la actividad es fundamental contar con acuerdos de largo plazo que garanticen el suministro de dispositivos. Ello requiere mucho trabajo en el área de las relaciones institucionales con las actividades y programas gubernamentales y las empresas para recolectar aparatos.

En España, la comunidad eReuse elaboró acuerdos públicos de donación según los cuales el Ayuntamiento de Barcelona accede a donar todos los dispositivos que no estén en uso (por estar al final de su ciclo de uso o inactivos) a una federación de organizaciones sociales de reacondicionamiento (a las que se conoce como el circuito de Pangea). Los aparatos que ofrece el consejo municipal se distribuyen entre las organizaciones participantes según su capacidad y demanda, luego de ser clasificados entre los que están para reutilizar y los que están para reciclar. Los dispositivos que son reacondicionados para ser reutilizados deben destinarse a usuarios/as vulnerables, que generalmente cuentan con el apoyo de una organización social. Todos los dispositivos deberían reciclarse al final de su vida útil.

Los datos son esenciales para la cadena de valor de la reutilización. La reutilización sin trazabilidad para una responsabilidad que promueva el reciclaje final se convierte en un problema ambiental, ya que el reciclaje no se puede implementar. Por lo tanto, se necesitan políticas para evitar “el blanqueo del impacto ambiental” o el “blanqueo de CO₂”. Existen herramientas de software para recolectar datos e identificadores de aparatos, para mantener un inventario de dispositivos que pasan por diferentes usuarios/as, como registros de uso y acontecimientos clave del ciclo de vida de un aparato (registro, reparación, eliminación de datos, actualización y reciclaje final), y para generar informes de impacto general. El circuito eReuse de Pangea se compromete a brindar información de trazabilidad al Ayuntamiento de Barcelona, que registra datos tales como las horas de uso extendido y el reciclaje final. Esto permite estimar el impacto social y ambiental resultante de una donación.

Los datos sirven también para medir el beneficio social que implica un centro de reutilización como actividad. Según un estudio realizado por Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling en 2018, la reintegración de una persona desempleada gracias a un centro de reutilización o un emprendimiento social generó un retorno neto de EUR 12.000 al gobierno y a la sociedad.

Otro de los procedimientos recomendados es financiar investigación y experimentación con el fin de prolongar la vida útil de los dispositivos digitales y permitir su reutilización, como sucede en Finlandia.

Como medida para ayudar a la sostenibilidad económica, los emprendimientos sociales que generen beneficios sociales y ambientales deberían beneficiarse, a su vez, con bonos de impacto ambiental y bonos de impacto social creados para la inversión pública.

Residuos electrónicos

Objetivos y metas

La meta final es que todo dispositivo que ya no sea útil para nadie se pueda desmontar y reciclar con el mínimo impacto negativo posible para el ambiente. El propósito de la economía circular es extraer partes útiles y el máximo posible de materia prima secundaria utilizable como recursos circulares para la reparación o fabricación de otros aparatos.

Responsabilidades

Los gobiernos son responsables de regular el reciclaje de los residuos electrónicos promoviendo la recuperación de partes y materiales y restringiendo el descarte de esos residuos.

Los fabricantes tienen la responsabilidad, como productores, de reciclar adecuadamente los dispositivos que se venden, se utilizan y se desechan en los mercados.

Los/as usuarios/as que son propietarios/as de sus dispositivos, incluidas las organizaciones, compañías e instituciones, tienen la responsabilidad de derivar los aparatos a centros de reciclaje o a iniciativas que puedan hacer el reciclaje adecuadamente.

Procedimientos

El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación establece una regulación mundial del envío transfronterizo de desechos peligrosos que también se aplica a los residuos electrónicos. Sin embargo, la definición de “desecho” no siempre es clara. Como resultado de la diferencia de necesidades socioeconómicas, lo que es un desecho en un país puede ser un recurso en otro, si tiene la posibilidad de reparar o reutilizar los aparatos que se descartan. Esta ambigüedad en la definición hace que se exporten residuos electrónicos a países que no pueden gestionarlos, lo que tiene consecuencias devastadoras a nivel social y ambiental. El Observatorio mundial de los residuos electrónicos 2020 afirma lo siguiente:

^{La distinción entre lo que constituye un desecho y lo que no, y en consecuencia está destinado a la reutilización, integra un debate de larga data en el marco del Convenio de Basilea. […] [A]ún no se ha llegado a un consenso definitivo en torno a la definición de desecho.}

“Bilokos” En República Democrática de Congo, no hay políticas de reciclaje de computadoras o equipos telefónicos, por lo que se hace de manera informal. Durante muchos años, comerciantes informales se dedicaron a comerciar productos de segunda mano de Europa que revendían en África. Conocidas comúnmente como “bilokos” (equivalente fonético de la expresión en inglés “below cost”, que significa “por debajo del costo”), las computadoras de segunda mano importadas suelen tener defectos de fabricación, pero luego de ser reparadas se venden a precios bajos para que las personas con presupuestos limitados puedan comprarlas. Incluso los grandes vendedores de productos electrónicos nuevos tienen un departamento de mantenimiento que repara ordenadores defectuosos para después venderlos.

Las políticas, leyes y regulaciones sobre residuos electrónicos protegen a los/as trabajadores/as formales e informales, el público y el ambiente. Sin embargo, no todas las regiones o países cuentan con políticas de reciclaje de dispositivos digitales. Según el Observatorio mundial de los residuos electrónicos 2020, en octubre de 2019, el 71% de la población mundial tenía políticas, leyes o regulaciones sobre residuos electrónicos, pero menos de la mitad de los países del mundo contaban con ellas en ese momento.

Figura 12: Los países que figuran en verde contaban en 2019 con leyes nacionales de protección ambiental diseñadas para gestionar los residuos electrónicos. (Fuente: https://globalewaste.org/map)

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  Las políticas, leyes y regulaciones sobre residuos electrónicos protegen a los/as trabajadores/as formales e informales, el público y el ambiente. Sin embargo, no todas las regiones o países cuentan con políticas de reciclaje de dispositivos digitales. Según el Observatorio mundial de los residuos electrónicos 2020, en octubre de 2019, el 71% de la población mundial tenía políticas, leyes o regulaciones sobre residuos electrónicos, pero menos de la mitad de los países del mundo contaban con ellas en ese momento.

   

  Además, la legislación sobre los desechos suele inhibir la reutilización de los residuos electrónicos porque, formalmente, solo algunos actores autorizados pueden devolver algo declarado residuo electrónico como recurso electrónico útil. En la Unión Europea, por ejemplo:

   

   

  La definición de “residuo” prevista en la Directiva sobre los residuos establece que la conducta de quienes poseen una sustancia es lo que determina si el recurso es un residuo y no una o varias propiedades de la sustancia. En virtud de esta directiva, demasiadas sustancias son clasificadas como residuos, y no se tiene en cuenta la reutilización innovadora. Cuando una sustancia ha sido clasificada como residuo, no puede ser objeto de comercio, mediación, transferencia o recepción sin un registro o permiso.

   

  Por lo tanto, se necesitan recomendaciones para reforzar las políticas sobre el manejo de los residuos electrónicos.

   

  Todo esto apunta a la necesidad de abogar ante el gobierno para que establezca un sistema de gestión de los residuos electrónicos (legislación, regulación y supervisión) destinado a regular el reciclaje de dispositivos digitales y el manejo de aquellos que no se pueden reciclar según la normativa establecida. Si los aparatos se reciclan prematuramente, los fabricantes y los agentes de reciclaje deberían pagar el costo social, ambiental y económico (costo de oportunidad futura) de tener que fabricar nuevos aparatos. Si los dispositivos se reciclan mal (por ejemplo, por insuficiencia de inversión), el resultado es que no se recuperan muchos materiales cuyo costo de extracción es mayor que el de la materia prima obtenida.

  Según el Observatorio mundial de los residuos electrónicos 2020, la legislación o regulación sobre residuos electrónicos debe incluir:

   

  • Definiciones sobre el papel de las municipalidades y el gobierno.
  • Una definición clara de quién tiene la responsabilidad de organizar la recolección y el reciclaje de residuos electrónicos.
  • La armonización nacional de las definiciones sobre residuos electrónicos.
  • Una estructura de permisos y licencias para los/as recolectores/as y recicladores/as de residuos electrónicos.
  • Una definición clara de “productor/a”, si el sistema se basa en el principio de responsabilidad extendida del productor. Sin esto, ningún/a productor/a se sentirá obligado/a a cumplir las normas y será más difícil ejecutar de manera justa las cláusulas legales en toda la industria.
  • La asignación de obligaciones de recolección y reciclaje entre los/as productores/as.
  • Una descripción de cómo se registrarán las empresas como “productoras”.
  • Documentación de su estado de cumplimiento y una descripción clara de las metas y los objetivos de la legislación.

   

  Otros mecanismos y asuntos que deberían tenerse en cuenta son:

   

  • Imposición de un gravamen a los vertederos de desechos industriales, consistente en un arancel por unidad de desecho eliminado.
  • Cuotas y coeficientes requeridos para el reciclaje y la preparación para la reutilización. En otras palabras, no se permite reciclar todo, sino que debe existir una cuota mínima de preparación para la reutilización. Por ejemplo, España estableció en su plan nacional de gestión de residuos para 2016-2022 un objetivo de preparación para la reutilización del 50% para 2020, del que el 2% será preparación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para su reutilización.
  • La recolección separada de los residuos electrónicos, que permite su tratamiento y reciclaje específicos.
  • El papel de los/as recicladores/as informales en el sistema de gestión de los residuos electrónicos. ¿Qué impacto tendrá la formalización del sistema en sus medios de vida (por ejemplo, la creación de empleos y negocios formales)? ¿Qué se puede hacer para incluirlos/as adecuadamente en la cadena de valor del reciclaje?
  • Gestión de los residuos electrónicos como servicio público. Algunos especialistas consideran que los residuos electrónicos no son redituables, porque implican tareas que nadie desea pagar. Esta actividad debería considerarse un servicio público y no solo una actividad económica, al igual que sucede con el tratamiento de otros tipos de desechos.
  • El gobierno debe reservar algunas licitaciones públicas de actividades relacionadas con el reciclaje para organizaciones de inclusión social (no para entidades comerciales). Esto permitiría que dichas licitaciones generaran no solo beneficios para el ambiente, sino también un impacto social al estimular la inclusión social.

   

  Además de defender un plan eficiente de gestión de los residuos electrónicos, la sociedad civil puede tener un papel específico en las siguientes acciones:

   

  • Educar a la comunidad en el buen manejo de los residuos electrónicos.
  • Mapear el potencial de reutilización y reparación de los residuos electrónicos depositados en establecimientos de reciclaje mediante una investigación exhaustiva. Por ejemplo, esto podría incluir un análisis del potencial y los obstáculos existentes para un manejo correcto de los residuos electrónicos, en colaboración con las partes interesadas; una encuesta sobre el potencial de los equipos entregados a los centros de reciclaje, y una cuantificación del beneficio ambiental.
  • Apoyar la creación de estadísticas nacionales sobre residuos electrónicos. Desde 2017, la Alianza Mundial para el Control Estadístico de los Residuos Electrónicos ha logrado un considerable progreso nacional y regional  organizando talleres de estadísticas sobre residuos electrónicos en varios países. Hasta ahora, se realizaron talleres regionales de capacitación en África oriental, América Latina, Europa oriental y los Estados Árabes.

   

  Modelos de listas de verificación de políticas

 

Policy action template checklists

	Mining and extraction	Design and manufacturing	Procurement	Use, repair, reuse	Recycling and management of e-waste	Import/export, taxation
Local community	Converting informal workers to formal workers through cooperatives or social enterprises	Local labour unions in manufacturing factories	Local buying clubs, procurement consortia	Diverse communities, repair networks	Cooperatives or social enterprises	Not applicable
Environmental activists and NGOs	Independent monitoring of mines, public campaigns	Public campaigns for ecodesign and circular design, independent monitoring of repairability and durability	Promote socially and environmentally responsible practices and accountability	Promote socially and environmentally responsible practices and accountability	Promote socially and environmentally responsible practices and accountability	Promote socially and environmentally responsible practices and accountability
Regulators	Auditability, certification	Auditability	Auditability	Auditability	Extended producer responsibility	Auditability
Policy makers	Regulation, monitoring, incentives, penalties	Type approval	Promotion of responsible public procurement and procurement consortia	No taxes on repaired devices	National e-waste policies	Circular economy policies that incorporate taxation
Public institutions	Awareness of and sensitivity to risks, responsibilities	Awareness of and sensitivity to risks, responsibilities	Responsible public procurement	Incorporated into public procurement, responsible maintenance, responsible disposal (maximise reuse over recycling)	Responsibility for environmental and social impacts, accountability	Preference for local suppliers
Brands and manufacturers	Corporate responsibility for supply chain	Design for repairability, interoperability	Transparency for individual and volume buyers	Documentation, accountability, spare parts	Documentation, extended producer responsibility	Compliance with national and international standards, transparency

 

 

 

	Mining and extraction	Design	Manufacture	Procurement	Use, repair, reuse	Recycling and management of electronic waste
Education and awareness			Manuals		Public education
Economic instruments	Carbon tax		Material consumption tax, carbon tax	Carbon tax	Carbon tax, differentiated VAT rate for reuse and repair	Waste disposal tariff, landfill tax
Information-based	Open data reporting	Certification of secondary (recycled) materials input	Labelling on % raw materials input, recyclability, repairability, durability, chemical and material composition
Requirements and regulation	Transparency around sources, labour and environmental conditions	Durability, repairability, recyclability (ecodesign)	Extended producer responsibility, transparency around sources, labour and environmental conditions	Sharing economy		EOL-RR[27] final disposal quota, waste shipments
Public provision	Public research and development	Public research and development	Public research and development	Green public procurement, public research and development	Public research and development, depreciation rules, public education	Public research and development, separated collection
Private provision	Open data, auditing	Open-data, auditing	Open-data, auditing, service manuals	Circular leasing	Open data, auditing	Open data, auditing
Citizens/CSOs	Monitoring	Monitoring	Monitoring	Monitoring	Monitoring	Monitoring

 

Appendix 3. Related existing policy recommendations

There are several global frameworks for policy on digital devices worth mentioning, which include the following examples.

In response to the e-waste challenge, ITU-T Resolution 200 was revised at the International Telecommunication Union (ITU) Plenipotentiary Conference in Dubai, 2018, which established the Connect 2030 Agenda. This agenda is a global initiative headed by the ITU. It sets out the shared vision, goals and targets for global telecommunication and information and communication technology (ICT) development that member states have committed to achieve by 2030.

Among other targets, the Connect 2030 Agenda has called for such goals as “By 2023, increase the global e-waste recycling rate to 30%” (Target 3.2) and “By 2023, raise the percentage of countries with an e-waste legislation to 50%” (Target 3.3).

The Connect 2030 Agenda is linked to the ITU Strategic Plan for 2020 to 2023, ensuring that technology serves humanity and the planet by means of bold goals: growth, inclusiveness, sustainability, innovation and partnerships.

In January 2020, the ITU also issued ITU-T Recommendation L.1470: GHG emissions trajectories for the ICT sector compatible with the UNFCCC Paris Agreement. This recommendation, developed in collaboration with GeSI, GSMA and the Science-Based Targets initiative (SBTi), provides ICT companies with trajectories relating to reduction of greenhouse gas emissions in order to meet the targets outlined in the Paris Agreement. Additional specificities on the trajectories are set out in a document that accompanies the recommendation, Guidance for ICT companies setting science-based targets.

The term "net zero" is increasingly used to describe a more comprehensive commitment to decarbonisation and climate action, moving beyond carbon neutrality and often including a science-based target on emissions reduction, as opposed to relying solely on offsetting.

As discussed in this module, the UN’s Basel Convention aims at suppressing the trade in hazardous waste, including e-waste. In terms of waste, the Convention is useful to develop national policies. Its objectives on e-waste are to:

• Contribute towards developing national e-waste inventories and policies for the implementation of the Basel Convention.
• Test and disseminate the e-waste technical guidelines.
• Facilitate collection and exchange of best practices with regard to environmentally sound management of e-waste among parties, including information on new technologies and cleaner production methods to prevent and minimise the production of hazardous e-waste.
• Disseminate information on policy tools, certification schemes and regional initiatives to manage e-waste in an environmentally sound manner, with the inclusion of success stories on turning waste into resources, material recovery and recycling.
• Organise training activities on enforcement to enhance parties’ capacities to monitor and control e-waste transboundary shipments and enforce the Basel Convention.

Finally, a report published by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), The Macroeconomics of the Circular Economy Transition,[28] provides domestic policy recommendations for countries seeking to make this transition, including:

• Extended producer responsibility (EPR) schemes.
• Standards for recycled materials.
• Requirements to secure information on the chemical and material composition of products.
• Phasing out hazardous substances from products by:
  • Revisiting trade disciplines
  • Considering global or regional recyclability and reparability standards
  • Requirements regarding ecodesign
  • Requirements to provide information on chemical and material composition of products.
  • Mutual recognition of schemes.

Summary of policy coverage in selected studies. Source: OECD (https://doi.org/10.1787/af983f9a-en)

 

Footnotes

[1] Wilts, C. H., Bahn-Walkowiak, B., & Hoogeveen, Y. (2018). Waste prevention in Europe: Policies, status and trends in reuse in 2017. European Environment Agency. https://doi.org/10.2800/15583  

[2] ITU-T. (2021). Recommendation L. 1024: The potential impact of selling services instead of equipment on waste creation and the environment – Effects on global information and communication technology. ITU. https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1024-202101-I/en; for an example of a servitisation model, see the eReuse case study in this guide.

[3] Copper8, Kennedy van der Laan, & KPMG. (2019). Circular Revenue Models: Required Policy Changes for the Transition to a Circular Economy. https://www.copper8.com/en/circulaire-verdienmodellen-barrieres

[4] Including South Korea, Brazil, the European Union, India, Hong Kong, Australia, Malaysia, Pakistan, Gulf Cooperation Council (GCC) countries, Russia, Chile, Philippines, Kenya, South Africa, Singapore and Turkey.

[5] Copper8, Kennedy van der Laan, & KPMG. (2019). Op. cit.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] European Commission. (2017). Commission guidelines on non-financial reporting. https://ec.europa.eu/info/publications/non-financial-reporting-guidelines_en

[9] Copper8, Kennedy van der Laan, & KPMG. (2019). Op. cit.

[10] Roura Salietti, M., Flores Morcillo , J., Franquesa, D., & Navarro, L. (2020). Reusing computer devices: The social impact and reduced environmental impact of a circular approach. In A. Finlay (Ed.), Global Information Society Watch 2020: Technology, the environment and a sustainable world: Responses from the global South. APC & Sida. https://www.giswatch.org/node/6270  

[11] European Commission. (2019, 18 November). Leading the way in closing the loop: Circular Flanders. https://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/policies-matters/leading-way-closing-loop-circular-flanders_en

[12] For a more in-depth exploration of this issue, see the Nodo TAU case study in this guide.

[13] Roura, M., Franquesa, D., Navarro, L., & Meseguer, R. (2021). Circular digital devices: lessons about the social and planetary boundaries. In LIMITS ’21: Workshop on Computing within Limits. https://computingwithinlimits.org/2021/papers/limits21-roura.pdf

[14] Franquesa, D., Navarro, L., López, D., Bustamante, X., & Lamora, S. (2015). Breaking barriers on reuse of digital devices ensuring final recycling. In Proceedings of EnviroInfo and ICT for Sustainability 2015. Atlantis Press. https://dx.doi.org/10.2991/ict4s-env-15.2015.32   

[15] Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling. (2018). Sociale tewerkstelling met de reguliere economie.. https://docplayer.nl/19740199-Sociale-tewerkstelling-in-synergie-met-de-reguliere-economie.html

[16] Wilts, C. H., Bahn-Walkowiak, B., & Hoogeveen, Y. (2018). Op. cit.

[17] Thompson, A. (2020, 2 July). Environmental Impact Bonds: Where are they now? UNC Environmental Finance Center. https://efc.web.unc.edu/2020/07/02/environmental-impact-bonds-where-are-they-now

[18] Forti, V., Baldé, C. P., Kuehr, R., & Bel, G. (2020). The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows and the circular economy potential. United Nations University (UNU)/United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) – co-hosted SCYCLE Programme, International Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA). http://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2020/07/GEM_2020_def_july1_low.pdf  

[19] Ibid.

[20] Copper8, Kennedy van der Laan, & KPMG. (2019). Op. cit.

[21] Forti, V., Baldé, C. P., Kuehr, R., & Bel, G. (2020). Op. cit.

[22] RREUSE. (2016, 28 April). Spain first country to set target to stop reusable goods ending up in landfill. https://www.rreuse.org/spain-first-country-to-set-target-to-stop-reusable-goods-ending-up-in-landfill

[23] Fernández Protomastro, G. (2013). Minería Urbana y la Gestión de los RAEE. Ediciones Isalud. https://sigraee.files.wordpress.com/2013/10/libro-raee-completo.pdf

[24] RREUSE. (2016, 28 April). Op. cit.

[25] Wilts, C. H., Bahn-Walkowiak, B., & Hoogeveen, Y. (2018). Op. cit.

[26] Forti, V., Baldé, C. P., Kuehr, R., & Bel, G. (2020). Op. cit.

[27] EOL-RR is the end-of-life recycling rate, or the share of a material in waste flows that is actually recycled (from an output perspective).

[28] McCarthy, A., Dellink, R., & Bibas, R. (2018). The Macroeconomics of the Circular Economy Transition: A Critical Review of Modelling Approaches. OECD. http://dx.doi.org/10.1787/af983f9a-en